México.- Calificada como un cierre de ciclo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la renuncia de Karla Quintana Osuna a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tendría de fondo su inconformidad por la realización del censo para confirmar la consistencia del número de personas desaparecidas en el país, proceso del que fue marginada la institución y en el que se incluyó a personal de la Secretaría del Bienestar.
Unas horas después de que la propia Quintana Osuna dio a conocer en sus redes sociales su renuncia al cargo, López Obrador insistió en que con el censo se prevé encontrar una disminución de los casos de desaparición.
El presidente también confirmó que ese proceso se está realizando con el respaldo de gobiernos y fiscalías estatales y de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Bienestar, que ha dispuesto a “servidores de la Nación que están visitando los domicilios”.
Punto de quiebre
La operación de personal bajo el mando de Ariadna Montiel, titular de Bienestar, fue uno de los puntos que propiciaron que Karla Quintana dejara su cargo al frente de la CNB, ya que esa secretaría no está en el catálogo de autoridades buscadoras, contrario a lo que establece la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, revelaron a Proceso fuentes informadas que pidieron omitir sus identidades por motivos de seguridad.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el subsecretario Alejandro Encinas fue quien se encargó de exigirle a Quintana que buscara “la manera” de reducir el número de reportes de desaparición, porque el presidente sostiene que están “inflados” los números del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Después de una primera etapa del “censo” instruido a 22 gobiernos de estados con ascendencia de Morena y sus aliados, realizado en junio pasado por servidores de la Nación adscritos a la Secretaría del Bienestar, Encinas dio indicaciones a Quintana para modificar el RNPDNO a partir de los supuestos hallazgos del personal adscrito a la dependencia encabezada por Ariadna Montiel, dijeron las fuentes.
La entonces comisionada se negó a acatar la instrucción y argumentó que la Secretaría de Bienestar no está considerada como autoridad buscadora definida en la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, y que en todo caso se requerían pruebas de vida o de muerte de las personas presuntamente localizadas por los servidores de la Nación.
