Chihuahua.- Motivos como la falta de recursos económicos, temas de seguridad, su situación familiar y su condición migratoria, nueve de cada diez migrantes en Ciudad Juárez han sufrido ansiedad y siete depresión, de acuerdo con el Monitoreo de Protección del Consejo Danés para Refugiados (DRC) en México.
De acuerdo con el Monitoreo de Protección del Consejo Danés para Refugiados (DRC) en México, el cual se llevó a cabo del 6 de octubre de 2020 al 29 de septiembre de 2023 a 790 familias migrantes en Ciudad Juárez, las cuales estaban integradas por un total de 2 mil 145 personas, “las deficiencias estructurales y generalizadas en el sector salud afectan también a las personas” en situación de movilidad, al igual que las barreras asociadas con la documentación.
Las encuestas fueron realizadas a 314 familias en hogares en contextos de flujos migratorios mixtos, de manera conjunta con Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), con el apoyo financiero de la Unión Europea Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO). Y en contextos de desplazamiento interno con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El 43 por ciento de las personas encuestadas en esta frontera fueron mexicanas, el 25 por ciento de Honduras, el 9 por ciento de Guatemala, el 7 por ciento de El Salvador, el 4 por ciento de Haití y el resto de Colombia, Nicaragua, Chile y otros países; 36.8 por ciento de los cuales tenían menos de un mes viviendo en Ciudad Juárez, el 35.4 por ciento de 1 a 3 meses, el 15.7 de 2 a 6 meses, el 10.3 por ciento de seis meses a un año y el 1.8 por ciento más de un año.
Más de la mitad de los encuestados dijo tener problemas económicos que le causaban depresión y ansiedad, el 48 por ciento señaló algún tema de inseguridad, el 47.1 alguna situación familiar, el 39.5 una condición migratoria, el 21.7 los impactos sobre su plan migratorio, el 9.6 temas de libertad y el 6.4 por ciento mencionó otros motivos. En algunos casos mencionaron dos o más causas de sus problemas emocionales.
El 64.3 por ciento de los extranjeros y el 80.6 por ciento de los connacionales dijeron haber tenido que huir de su lugar de origen por la inseguridad o la violencia generalizada; el 57.6 y el 61.5 por ciento, respectivamente, aseguraron tener temor a persecuciones; y el 21.5 por ciento de los extranjeros y el 8.1 por ciento de los mexicanos aseguraron haber salido por falta de recursos económicos.
Otros motivos para haber salido de su lugar de origen que mencionaron las personas en situación de movilidad en esta frontera fueron la violencia basada en género, la falta de acceso a servicios básicos, la falta de acceso a alimentación, necesidades de acceso a servicios de salud, por algún desastre natural, por necesidades de acceso a educación o para reunirse con su familia, entre otros motivos.
El 94.8 por ciento dijo querer llegar a Estados Unidos, pero el 60 por ciento ya había sido devuelto bajo el Título 42, el 4.6 bajo el Título 8 y el 30.8 por ciento no sabían.
En total, se contabilizaron mil situación de movilidad 026 personas con alguna vulnerabilidad, principalmente niñas, niños y adolescentes (NNA), protección legal y física o un cuidador en riesgo. Pero también se detectaron otras como una condición médica grave, mujeres en riesgo, sobrevivientes de violencia, sobrevivientes de violencia basada en género, personas que no hablaban español, integrantes de la comunidad LGBTIQ, personas detenidas y adultos mayores en riesgo. mencionó otros motivos
El 18.3 por ciento dijo haber sido detenido por las autoridades migratorias, y cuatro de cada diez de ellos aseguraron haber sufrido violencia verbal, mientras que el 20 por ciento dijo haber tenido algún incidente violento con las autoridades.
El 24.4 por ciento de los encuestados dijo haber enfrentado un retén en su trayecto por México, de los cuales 28.6 por ciento aseguró haber sufrido extorsión en los retenes de las autoridades, el 12.8 amenazas, el 12.3 la confiscación de artículos o documentos personales, el 5.4 por ciento la destrucción de sus documentos, el 3.4 por ciento violencia física, el 3.4 violencia de género, el 1 por ciento dijo haber sido secuestrado y otro 1 por ciento dijo haber sufrido otro tipo de abuso.
El 90.5 por ciento dijo estar en un albergue temporal –aunque 8.5 por ciento de ellos tenían que pagar por su estancia–, el 7.1 en una vivienda particular y el 2.2 por ciento confesó vivir en la calle; el 3 por ciento vivía sin acceso a la luz y más de la mitad confesó tener que reducir sus porciones de alimento.
El 74.4 por ciento dijo no poder comprar los medicamentos que necesita en esta frontera, el 5.8 por ciento no fue atendido en las instancias públicas de salud por falta de documentación y el 4.7 por discriminación.
El 54.5 por ciento informó que algún integrante del hogar trabajaba, y quienes no lo hacían era principalmente porque tenían que cuidar a niños, no habían buscado trabajo o por falta de documentación.
