Chihuahua.- Con mil 471 expedientes abiertos entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2023, Chihuahua se mantiene como la segunda entidad con más casos de tortura registrados en el país, de acuerdo con las estadísticas más recientes del Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet).
Al respecto, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz Loya, subrayó que la tortura representa un problema grave, ya que no sólo afecta a quien la padece directamente, sino a terceros, como es el caso de imputados que aducen haber sido sometidos a tratos de este tipo y que, con ello, pueden llegar a burlar una posible sentencia, dejando a las víctimas y a la sociedad sin justicia.
El reporte emitido apenas este mes se establece que, en el país, han sido iniciadas 11 mil 309 carpetas de investigación por los delitos de tortura y tratos crueles en el periodo señalado, lo que representa un promedio de mil 967 expedientes anuales. De éstos, Chihuahua concentra el 13.3 por ciento, sólo superado por la Ciudad de México que cuenta con dos mil 413 casos, equivalentes al 21.8 por ciento.
Asimismo, la entidad es la segunda en cantidad de víctimas, pues dentro del total de carpetas se identificaron dos mil 091 personas que sufrieron este delito, es decir, el 13.6 por ciento de las 15 mil 232 que hay en todo México.
En este rubro, el primer lugar también es la capital del país, que contabiliza dos mil 291 afectados, o el 15 por ciento; en tercer lugar está Quintana Roo con mil 666, que representan el 10.9 por ciento.
En cuanto al sexo, en Chihuahua hubo mil 905 varones afectados por este delito, siendo el primer puesto nacional en víctimas masculinas; otras 183 fueron mujeres y en tres casos no se especificó.
Por otra parte, nuestro estado es el primero en número de presuntos responsables relacionados a las investigaciones, con mil 484 o el 15.8 por ciento, seguido de la Ciudad de México con 957 o el 10.4 por ciento y luego Quintana Roo con 908, que equivale al 9.7 por ciento. El total de sospechosos identificados en los expedientes de todo el país es de nueve mil 404.
La tortura es un delito que puede ser cometido tanto por particulares como servidores públicos, en este último caso, el presidente de la CEDH manifestó que, aunque no es una práctica generalizada, aún hay muchos casos en que agentes policíacos llegan a hacer un uso excesivo de la fuerza o incurrir en tratos que atenten en contra de la dignidad de las personas detenidas.
Por este motivo, dijo, existen programas psicológicos, de capacitación y sensibilización para los elementos, a fin de que conozcan las limitaciones legales que tienen al momento de hacer uso de la fuerza pública y cuenten con herramientas de contención para el mejor manejo de sus emociones.
Otro aspecto que destacó el ombudsman es la dificultad de acreditar la comisión de este delito e incluso refirió que deben ser pocas las investigaciones que concluyen en una sentencia, ya que varias denuncias son sobre hechos ocurrieron hace mucho tiempo y sobre los cuales hay poca documentación.
En otras ocasiones, los imputados denuncian ser víctimas de tortura psicológica, lo cual llega a ser difícil de acreditar. Otra dificultad para lograr el esclarecimiento de casos es que son las mismas fiscalías las que se encargan de investigar a sus propios agentes, lo que puede implicar cierto grado de parcialidad.
En este tenor, comentó que es importante sustentar las investigaciones en elementos objetivos como la propia Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que establece qué actos no son considerados como tortura, así como la jurisprudencia de tribunales nacionales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (EL DIARIO DE CHIHUAHUA)
