Esta semana, el Estado Grande volvió a ser noticia viral y, para muchos, le pone el ejemplo al mundo.
El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en la educación básica, marcando un alto a la llamada tendencia woke.
Esta corriente, que en su origen buscaba promover la inclusión, terminó —a mi parecer— por confundir a nuestros niños y generar una división innecesaria. Porque, seamos sinceros, este movimiento nace de una exigencia legítima de respeto hacia ciertos grupos sociales, los cuales —hablo también desde lo personal— siempre han sido respetados.
Sin embargo, existe una delgada línea entre pedir inclusión y pretender modificar o educar a los demás mediante un lenguaje ajeno al español oficial.
De ahí surge la reforma al artículo 8º de la Ley Estatal de Educación, impulsada por el diputado Carlos Olson y respaldada por el PAN, que establece que las instituciones educativas deberán utilizar únicamente el español normativo, excluyendo términos como “todes”, “niñes” o el uso de la “e” como neutra.
Mientras algunos sectores consideran que esta medida limita la inclusión, otros la defienden como una acción para fortalecer la enseñanza formal del idioma. Y hasta ahora, todo pinta bien. Pese a lo polémico del tema, las redes sociales se llenaron de “likes” y “me encanta” en las publicaciones de medios nacionales que compartieron la noticia.
En otro tema, el Departamento de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez mostró su apoyo a la construcción de un mega centro de datos para inteligencia artificial, un proyecto impulsado por las empresas estadounidenses, que buscan instalarse en 1,392 hectáreas de terreno desértico en el condado de Doña Ana, colindante con Ciudad Juárez pero que comparten el mismo manto acuifero.
¡Wow! Uno pensaría: ¡qué padre, un mega centro de datos en Chihuahua!
Pero no, señores. Lejos de ser una inversión tecnológica para el estado o el país, la realidad va mucho más allá.
El denominado “Proyecto Júpiter” busca brindar servicio a gigantes como Meta, Amazon y ChatGPT, cuyos servidores informáticos necesitarán 10 millones de galones de agua para su enfriamiento.
Así lo expresaron las activistas Daisy Maldonado y Vivian Fuller, de Nuevo México, quienes convocaron a una protesta binacional y pidieron al gobierno federal de México denunciar el impacto ambiental que provocará. Pero, seamos honestos, no podemos pedirle peras al olmo.
Sabemos que a nuestra presidenta le quedó grande el cargo, y eso mismo provocó que el activista juarense León de la Rosa criticara la postura del gobierno municipal por declararse a favor del proyecto y que hasta ahora, ni Profepa ni Semarnat han realizado pronunciamiento alguno.
Aquí le pregunto a usted, amigo lector, ¿Está a favor de la prohibición del lenguaje inclusivo o lo utiliza? ¿Permitiría que este mega centro de datos se instale en el estado, pese a la crisis hídrica que enfrentamos?
Me interesa conocer su opinión, porque todas las voces cuentan y cuentan mucho.
Puede escribirme en mis redes sociales, me encuentra como @soyisaacbenitez.
Esto fue una edición más de Bajo la Lupa, donde analizamos más allá del discurso.
Y no olvide, cada vez que consulta a ChatGPT, se gastan aproximadamente medio litro de agua… que no tenemos.
