¿Se imagina ser agricultor, vivir de lo que produce en el campo, ser ese pilar económico del estado grande, y aun así depender de un permiso del gobierno para acceder al agua? Pues esa podría ser nuestra nueva realidad.
La presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa la aprobación de la Ley General de Aguas, una propuesta que, lejos de resolver la crisis hídrica, es una amenaza, es un instrumento de control político.
Si el Tratado de 1944 ya nos colocaba en una posición vulnerable respecto al uso del agua, esta nueva ley profundiza el problema. Bajo su esquema, el derecho al agua —ese recurso vital que riega nuestros cultivos y sostiene a miles de familias del campo— quedaría sujeto a una autorización anual expedida desde la Ciudad de México. En otras palabras, el acceso al agua dependería de una firma del gobierno federal, que decidiría si otorgar o no el permiso cada año.
Esto implicaría la desaparición de los módulos de riego, que actualmente representan un modelo de autogestión por parte de los productores, y su reemplazo por un sistema de control centralizado. Lo que antes era administración técnica y comunitaria, ahora se transformaría en un mecanismo burocrático y político.
Además, la ley prohíbe la venta, cesión o herencia de derechos de agua, eliminando así la flexibilidad que los agricultores han tenido para adaptarse a las condiciones del mercado y a la dinámica familiar.
¿Estamos dispuestos a pedir permiso para un derecho universal?
Cada vez parece más claro que caminamos hacia un modelo donde el Estado pretende decidir quién puede producir, quién puede crecer y, en última instancia, quién puede sobrevivir.
Algunos lo llaman “orden”, otros “planificación”, pero en los hechos estamos viendo un proceso de concentración del poder que recuerda las políticas de control económico en regímenes socialistas. No se trata de exagerar, sino de observar con atención que México está siendo sometido a una “venezualización” silenciosa, disfrazada de regulación.
Y no, estimado lector, esto no es difamación política ni un ataque partidista. Es un llamado de alerta. Porque cuando el gobierno busca controlar el agua, no sólo está administrando un recurso natural, está interviniendo directamente en la vida de millones de familias.
Ya hemos visto los efectos del huachicol fiscal, del negocio con el petróleo y de otros manejos cuestionables. ¿Imagina ahora un nuevo monopolio, pero del agua? No sería descabellado pensar que podría repetirse la historia, solo que esta vez con el recurso más indispensable de todos.
Por eso, más que ver lejos la “venezualización”, debemos reflexionar, informarnos y actuar. La sociedad necesita generar criterio, sentido común y conciencia sobre lo que está ocurriendo.
Usted, amigo agricultor, ganadero o ciudadano, ¿qué piensa de todo esto? Lo invito a cuestionar, a debatir y a mirar más allá del discurso. Porque de eso se trata esta columna, de poner todo “Bajo la Lupa”.
