Chihuahua.- La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), a través de su representación en Guachochi, imputó a Héctor C. M. como probable responsable de desaparición forzada cometida por particulares y trata de personas con penalidad agravada, en perjuicio de dos menores de edad.
El imputado fue presentado ante un Juez de Control del Distrito Judicial Andrés del Río, tras ser detenido el 27 de febrero de 2025 durante un operativo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en el kilómetro 3 de la carretera Chihuahua-Ojinaga.
Según la carpeta de investigación de la FEM, se estableció que el 3 de octubre de 2024, en un paraje conocido como Bajío Las Palmas, en Guachochi, Héctor C. M. privó de la libertad a los hermanos R.M.P. y E.M.P., de 7 y 10 años de edad, llevándolos por la fuerza.
Tras el plagio, las víctimas fueron trasladadas a la ciudad de Chihuahua, donde permanecieron retenidas por dos meses. En diciembre, el imputado las llevó a un rancho en El Tule, donde presuntamente los obligó a realizar trabajos forzados, incurriendo así en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral.
El 22 de febrero de 2025, las autoridades lograron rescatar a los menores en Guachochi. Posteriormente, fueron atendidos por personal especializado en atención a menores y delitos de género, recibiendo resguardo y apoyo psicológico, médico y legal.
Como parte de las investigaciones, la Unidad de Investigación de Trata de Niñas, Niños y Adolescentes, adscrita a la FEM, realizó un cateo en un domicilio de Chihuahua, autorizado por un juez, además de una inspección voluntaria en un inmueble en El Tule, con la colaboración de los moradores. Peritos y agentes de la AEI participaron en ambas diligencias, recabando pruebas clave para la investigación.
Tras la presentación de las pruebas iniciales, el juez dictó prisión preventiva contra Héctor C. M. en el Centro de Reinserción Social (Cereso), mientras se define su situación jurídica. La audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el 4 de marzo de 2025.
Este caso ha puesto en alerta a las autoridades estatales y a organizaciones defensoras de derechos humanos, que exigen reforzar las estrategias de prevención y protección de niñas, niños y adolescentes, especialmente en zonas vulnerables.
