Chihuahua.- El exgobernador César Horacio D. acusó al Gobierno Federal de cometer un ecocidio en el rancho El Saucito, afectando directamente a vaqueros, trabajadores y comunidades indígenas de la zona, quienes se alimentaban de los peces del embalse. Señaló que el presón y las represas eran esenciales para mantener la actividad ganadera en la región.
Acompañado por su equipo legal, integrado por los abogados Juan Carlos Mendoza, Enrique Muñoz y José Gutiérrez, afirmó que los embalses fueron autorizados en 1942, es decir, dos años antes de la firma del Tratado de Aguas Internacionales, por lo que su existencia no contraviene dicho acuerdo entre México y Estados Unidos.
En rueda de prensa, se denunció que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tenía conocimiento del permiso, ya que estaba al tanto de que el presón contaba con una capacidad de 700 mil metros cúbicos, equivalente a diez veces menos que la presa El Rejón.
La defensa de César D. evalúa emprender acciones legales una vez que se les permita el acceso al rancho, para documentar los daños y la destrucción sufridos por la propiedad.
Conagua tenía conocimiento del permiso
La representación legal del exmandatario denunció presuntas irregularidades en el proceso de destrucción del presón y las represas en El Saucito, así como en la clausura de un pozo, cuya agua, según argumentan, no llega al río Conchos, pues primero abastece a comunidades como La Magdalena, San Mateo, Valle de Olivo, Boca del Río, Pilar de la Concha y Balleza.
“Me siento muy motivado, me he forjado en la adversidad y para mí no es novedad”, expresó César D., quien aseguró que el rancho El Saucito pertenece a su familia desde hace más de 100 años, y que las obras hidráulicas datan de hace más de siete décadas.
Como parte de su argumentación, presentaron un video de Efraín Morales, titular de Conagua, durante una conferencia matutina donde se informó sobre la intervención en el rancho, así como imágenes de la demolición del presón, al que se acusa de carecer de permisos de construcción y títulos de concesión, y de acaparar aguas nacionales, hecho que habría derivado en una denuncia penal.
su parte, el abogado Juan Carlos Mendoza aseguró que el pozo clausurado se encuentra en una zona de libre alumbramiento y cuenta con registro, por lo que el aviso de clausura emitido carece de validez legal al no incluir siquiera el número de folio.
César D. explicó que el pozo fue perforado en 1967 por su padre, con el objetivo de llevar agua potable a los habitantes del rancho, y que actualmente cuenta con un equipo conocido como caballo de bombeo.
“Este es el problema cuando nos representan personas que nunca han sido productores ni productivos, y solo saben destruir. Los senadores que encabezaron este movimiento no tienen idea de lo que están diciendo cuando aseguran que me robé el agua”, expresó el exgobernador, en referencia a Javier Corral y Juan Carlos Loera.
En cuanto a la infraestructura hidráulica, César D. detalló que la presa o presón grande fue construida por su bisabuelo, Eustacio Jáquez, con mampostería y calicanto —una técnica que utiliza piedra apilada unida con cal—. Posteriormente, esta estructura fue revestida con concreto como parte del mantenimiento necesario por su antigüedad. Esta obra servía como abrevadero para el ganado.
Durante su declaración, su abogado presentó planos que datan de 1942, contenidos en la escritura pública del rancho, donde ya aparece descrita la presa. También mostró el permiso emitido por la Dirección de Geografía de la Secretaría de Agricultura, fechado el 9 de octubre de 1942, en el que se establece una capacidad máxima de 700 mil metros cúbicos, otorgado a Crecenciano Duarte Tarín, padre del exmandatario.
A esto se suman dos cartografías del INEGI y un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional de 1977, donde el cuerpo de agua ya estaba registrado oficialmente.
“Ellos están mintiendo. Conocían el permiso que ahora niegan. Es evidente la manipulación de la información y las mentiras de Conagua”, aseguró el exgobernador.
Además, el abogado explicó que, de acuerdo con un peritaje técnico, no existe desviación del río Agujas ni se está reteniendo el agua, ya que se trata de una corriente perenne. Precisó que estas obras fueron construidas para el control de avenidas y para garantizar la seguridad de los pobladores, debido a que el río nace en la zona serrana de Guachochi.
El aprovechamiento de los cuerpos de agua también era fundamental para la ganadería y beneficiaba de forma directa a otras comunidades. Más de 14 mil productores de grano utilizaban los recursos hídricos para generar aproximadamente 500 toneladas de sorgo forrajero, 281 toneladas de maíz en grano, 241 toneladas de maíz forrajero y 50 toneladas de chile verde.
“No es correcto decir que se recuperó el agua para los mexicanos, porque precisamente eran los mexicanos quienes la aprovechaban para uso agrícola”, señaló Juan Carlos Mendoza, quien agregó que la información difundida a nivel nacional ha sido inadecuada.
Cada quien cosecha lo que siembra
“Yo me dediqué a sembrar obras, acciones y resultados para los chihuahuenses, y hay otros que solo sembraron discordia y odio. Cada quien cosecha lo que siembra”, expresó César D., tras ser cuestionado sobre la operación Justicia para Chihuahua y los señalamientos del senador Javier Corral.
Agradeció el cariño de las personas, quienes al verlo se acercaron a saludarlo y tomarse fotografías con él.
Señaló que el quinquenio anterior se enfocó exclusivamente en perseguir y, mediante la tortura, en inventar y fabricar acusaciones que, aseguró, “todos los días se caen a pedazos”.
“Exijo a la FGE que agilice las investigaciones por tortura, porque hay muchas víctimas a quienes no se les ha hecho justicia. La impunidad se protege con el fuero, que solo ha sido aprovechado para beneficio personal”, denunció.
César D. aseguró que las acciones de la Conagua afectaron directamente a los vecinos, quienes llevaban a beber agua a sus animales y cargaban pipas para combatir incendios forestales en la zona.
“Todos los ranchos ganaderos de Chihuahua cuentan con mecanismos para conservar el agua, pero al irse el agua del arroyo, se termina el abasto. El agua, como la tiraron, no llegó al río. Se perdió por completo”, afirmó.
El embalse contenía peces que servían de alimento para indígenas, vecinos, vaqueros y trabajadores a través de la pesca.
Se analizan las intervenciones legales
El licenciado Enrique Muñoz explicó que hasta que no sean llamados por la autoridad, no se podrá conocer la magnitud de las afectaciones ni definir la ruta legal a seguir.
Desde 2017, el rancho El Saucito permanece asegurado, primero por la Fiscalía General del Estado y desde 2021 por la FGR, motivo por el cual el exgobernador César D. no ha ingresado a la propiedad desde entonces. Por ello, se desconoce la afectación total al inmueble.
Fue Conagua quien detectó la situación del ganado y dio aviso a la Semarnat y Profepa. Todo lo que ocurra en el inmueble es responsabilidad de la autoridad a cargo de la custodia.
“Legalmente, hasta que podamos apersonarnos, tendremos los elementos necesarios para emprender acciones legales”, indicó el abogado Juan Carlos Mendoza, quien añadió que el rancho debe entregarse en las mismas condiciones en que fue recibido.
Además, se aclaró que el tratado de extradición impide que César D. sea juzgado o sancionado por delitos previos no incluidos en la solicitud, por lo que la denuncia penal presentada en su contra no es procedente.
